La crisis económica de la entidad deportiva

Las entidades deportivas no son inmunes a las situaciones de dificultad económica y endeudamiento que les lleven a no poder hacer frente a sus compromisos habituales.

El deporte profesional, pese a ser el que más inversiones atrae de empresas patrocinadoras y de las Administraciones, se encuentra en una situación sumamente delicada que ha conducido a la insolvencia económica de numerosas sociedades anónimas deportivas, tanto en fútbol como en baloncesto.

El 21 de enero de 2009, el gobierno español, respondiendo a una pregunta realizada en el Congreso, señaló que a 31 de octubre de 2008 la deuda que los clubes de fútbol de primera y segunda división A y B mantenían con la Hacienda Pública era de 627.266.721,38 euros y con la Seguridad Social 4.912.121,35 euros.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, aborda la reforma global del derecho concursal español. El concurso es un mecanismo legal al que pueden acogerse las entidades que tienen dificultades para hacer frente a los pagos y compromisos inmediatos o por insolvencia inminente, y su finalidad es doble, por un lado mantener la viabilidad de la entidad superando el estado de situación crítica por la que atraviesa, y por otro lado la defensa de los intereses de los acreedores.

El espíritu de la Ley Concursal es buscar un acuerdo que permita a la entidad deportiva seguir compitiendo, superar la situación en la que se encuentra y hacer frente a las deudas. El convenio debe ser aprobado por la mayoría de los acreedores y debe contener una quita (reducción de la deuda que no podrá superar el 50%) y/o espera (plazo para hacer frente a los pagos, que no debe exceder de cinco años) además de un plan de viabilidad que especifique los recursos necesarios que garanticen la continuidad de la actividad deportiva.

 

El procedimiento concursal

La solicitud de declaración de concurso la puede realizar la propia entidad deportiva (voluntario) o cualquiera de sus acreedores (necesario) Además, también estarán legitimados los socios o miembros que puedan ser responsables de las deudas de la entidad.

La entidad deportiva deudora deberá solicitarlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, teniendo que justificar su endeudamiento, que podrá ser actual o inminente. A su vez, tiene que aportar un inventario de bienes y derechos con estimación del valor real actual y la relación de acreedores con la cuantía y el vencimiento de los respectivos créditos. Si la solicitud la presenta un acreedor, deberá fundarla en la existencia de embargo sin que aparezcan bienes suficientes para el pago.

Son competentes para conocer el concurso los jueces de lo mercantil. Teniendo competencia exclusiva, entre otras, para las acciones de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección. Por lo tanto, los jueces del orden civil y laboral ante quienes se interponga alguna demanda deberán declarase incompetentes a favor del juez del concurso.

Una vez presentada la solicitud, el juzgado mercantil emitirá el auto de declaración de concurso. A partir de entonces, la entidad deportiva pasará a estar intervenida por tres administradores concursales (abogado, auditor de cuentas y acreedor)

A petición del legitimado para instar el concurso necesario, el juez, al admitir a trámite la solicitud, puede adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio de la entidad deportiva (por ejemplo, paralizar la venta de un jugador)

La administración concursal deberá elaborar un inventario que contendrá la relación y la valoración de los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa, que vendrá acompañada de un listado real de acreedores.

La propuesta de convenio del deudor deberá contener proposiciones de quita (porcentaje de reducción de la deuda) o de espera (aplazamiento del pago) pudiendo acumular ambas y deberá contar con adhesiones de acreedores cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo. También podrán incluirse propuestas de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad (por ejemplo, los derechos federativos de competición) o de determinadas unidades productivas (por ejemplo, un jugador) a favor de una persona natural o jurídica. Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo, y el pago de los créditos de los acreedores.

La administración concursal evaluará el contenido de la propuesta de convenio en atención al plan de pagos y, en su caso, al plan de viabilidad que la acompañen. Con posterioridad, el juez dictará un auto de apertura y convocatoria de la Junta de acreedores. Es necesario el voto favorable de, al menos, la mitad del pasivo para que el juez dicte sentencia aprobando el convenio.

En el supuesto de no presentarse propuesta de convenio, o no habiéndose admitido ninguna de las propuestas, el juez, de oficio, acordará la liquidación y venta de la entidad deportiva.

 

Los efectos de la declaración de concurso

La declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad habitual de la entidad deportiva y se mantendrán los órganos de la entidad deportiva deudora. En el concurso voluntario, la entidad deportiva conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, pero con la autorización o conformidad de los administradores. En el concurso necesario, son los administradores quienes gestionan el patrimonio. No se pueden enajenar o gravar bienes y derechos sin la autorización del juez.

Cuando estemos ante un concurso culpable y no hayan bienes suficientes para satisfacer todas las deudas, el juez podrá ordenar el embargo de bienes y derechos de los administradores de la entidad, y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores. Éstos podrán ser inhabilitados para administrar bienes ajenos o representar a cualquier persona durante el periodo de 2 a 15 años, pudiendo perder sus derechos como acreedores del concurso (por ejemplo, por haber realizado aportaciones económicas) y ser condenados a devolver los bienes y derechos obtenidos indebidamente de la entidad, con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. A su vez, podrán ser condenados a pagar a los acreedores el importe de sus créditos no saldados en la liquidación del patrimonio de la entidad deportiva (por no existir bienes suficientes para ello)

Todos los acreedores del deudor quedarán integrados en la masa pasiva del concurso y sus créditos se clasificarán en privilegiados, ordinarios y subordinados. Sin embargo, tienen la consideración de créditos contra la masa activa:

• Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.

• Los generados por el ejercicio de la actividad de la entidad deportiva tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo.

• Los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la administración concursal.

Los créditos contra la masa no formarán parte del concurso ni están sometidos al convenio de acreedores, debiendo ser satisfechos de forma prioritaria a su vencimiento.

La parte de la deuda con los deportistas que se calificará como créditos privilegiados, estará formada por los salarios pendientes y las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos (con el límite del triple del salario mínimo por el número de días pendientes de pago) El resto de la deuda que no tenga la calificación anterior, a la que habría que añadir las cantidades incluidas en los contratos de imagen, serán créditos ordinarios.

 

Hecha la Ley, hecha la trampa

La declaración de insolvencia y el concurso voluntario está siendo una estrategia jurídica de las entidades deportivas con dos finalidades:

• Evitar el descenso de categoría deportiva por deudas con los jugadores denunciadas a 31 de julio a la Comisión Mixta AFE-LFP.

• Minorar las deudas existentes y aplazar su pago, incluidas las de los jugadores y entrenadores.

Al ser el juez mercantil quien adquiere todo el protagonismo, para salvaguardar los créditos existentes, hará todo lo posible para que la entidad deportiva siga compitiendo en las mejores condiciones económicas posibles.

Así, con respecto a los jugadores y empleados del club, cada crédito individual tendrá distintos tratamientos, lo que tiene su importancia a la hora de su exigibilidad y, en definitiva, de la probabilidad de ser cobrados.

Por otro lado, el que una entidad deportiva sea declarada en concurso de acreedores incide en la competición oficial en la que participa, al quedar interrumpida o modificada la exigibilidad de los créditos con los deportistas profesionales y demás acreedores, generándose una auténtica competencia desleal con respecto al resto de clubes y SADs de su misma categoría, que deben cumplir, puntual y fielmente, todas estas obligaciones.

En España son más de 20 los equipos de fútbol militantes en Primera o Segunda División que ya se han acogido al proceso concursal. Las Palmas fue el abanderado. La usó para sobrevivir y, a la vez, no descender de categoría en octubre de 2004, con una deuda de 66 millones consiguió reducir la deuda a 21 millones de euros y el club ascendió a Segunda esa misma temporada. Por la senda del club canario transitaron el Sporting en 2005 y el Málaga en 2006, con deudas de 27 y 51 millones, respectivamente. Tras ellos, el Recreativo, la Real Sociedad, el Granada, el Celta, el Albacete, el Mallorca, el Levante, el Cádiz, el Lleida, el Xerez, el Linares, el Córdoba, el Jaén, el Hércules o el Betis. Así como el Granada, el Estudiantes, el Joventut y el Valladolid, en baloncesto.

 

Equipo de Redacción IESPORT

©2010 IESPORT No se permite la reproducción de este documento ni su transmisión en forma o medio alguno, sea electónico, mecánico, fotocopia, registro o de cualquier otro tipo, sin el permiso previo y por esctrito del editor. Iesport no comparte necesariamente las opiniones vertidas por su equipo de redacción en los documentos publicados.

 

INFÓRMATE SOBRE NUESTROS CURSOS

Colaboraciones

Mantente informado