El riesgo de accidentes como elemento intrínseco al deporte

La práctica deportiva, como actividad eminentemente física, que se desarrolla en distintos espacios e instalaciones, conlleva el riesgo de sufrir accidentes. La proliferación de los llamados deportes de aventura incrementa la probabilidad de daños a las personas implicadas. Los organizadores de eventos deportivos deben tener en cuenta que son múltiples los factores que deben controlar para evitar que los participantes, los espectadores o los trabajadores implicados sufran daños personales o materiales.

A su vez, los propietarios de las instalaciones deportivas van a ser responsables de su estado de conservación y de su adecuado mantenimiento para evitar daños a sus usuarios.

La responsabilidad civil supone que toda aquella persona que por acción u omisión cause daño a un tercero, interviniendo culpa o negligencia, tiene la obligación de reparar los perjuicios ocasionados mediante la recuperación o sustitución del bien dañado y/o de indemnizar económicamente el lucro cesante, el daño emergente y los daños morales. La referida obligación puede tener un origen contractual o extracontractual, en función de la existencia o no de un vínculo jurídico previo (contrato) entre el causante del daño y el perjudicado. Aunque no existe una normativa específica que regule la obligación de asegurar los referidos riesgos, cada vez es más habitual encontrar normas que exigen la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños derivados de las actividades físico-deportivas.

La labor de los tribunales a través de sus pronunciamientos está jugando un papel relevante en la configuración de la responsabilidad civil en el ámbito del deporte. Toda persona que por acción u omisión cause daño a un tercero, interviniendo culpa o negligencia, tiene la obligación de reparar los perjuicios ocasionados.

 

La responsabilidad civil en el ámbito del deporte

Como norma general, podremos afirmar que los daños que se causen los deportistas entre sí, como consecuencia de su participación en cualquier actividad deportiva lícita, no generan responsabilidad indemnizatoria, siempre que no se hayan excedido de las reglas del juego concreto, ya que será difícil apreciar la concurrencia de dolor o culpa en la acción dañosa, y además se cuenta con el consentimiento de la víctima (teoría del riesgo, mutuamente aceptado, propia de las competiciones deportivas)

Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de mayo de 2008, condenó a un futbolista que realizó una entrada sobre el contrario, que no “perseguía arrebatarle el balón, que ya ni siquiera estaba al alcance de la víctima, sino la agresión”.

El artículo 51 del Real Decreto 2816/1982, de 27 agosto, que aprueba el Reglamento General de Policía en Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas establece que las empresas organizadoras de espectáculos vendrán obligadas a responder de los daños que se produzcan a los que en él participen o lo presencien, o a otras personas, siempre que sean imputables por imprevisión, negligencia o incumplimiento de las obligaciones.

Responsabilidad. Los daños que se causen los deportistas entre sí, como consecuencia de su participación en cualquier actividad deportiva lícita, no generan responsabilidad indemnizatoria.

En varias Comunidades Autónomas existen normas que establecen la responsabilidad de los organizadores de espectáculos o de los propios profesionales del deporte. En Cataluña, la Ley 3/2008, de 23 de abril, que regula el ejercicio de las profesiones del deporte, exige la previa contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnización por los daños que puedan causarse a terceros en la prestación de los servicios profesionales. Su incumplimiento se considera una infracción administrativa grave.

La Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas del País Vasco establece que “el organizador asume la responsabilidad derivada de la celebración del espectáculo o la actividad, respondiendo de los daños que, como consecuencia del mismo, pudieran producirse por su negligencia o imprevisión”.

El Decreto 56/2003, de 4 de febrero, que regula las actividades físico-deportivas en el medio natural en Cataluña, obliga a los organizadores a tener contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra

los posibles riesgos, con unos límites mínimos de 150.253,03 euros por víctima y 601.012,10 euros por siniestro.

La Ley 19/2007, 11 julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte establece la responsabilidad solidaria de las personas organizadoras de pruebas, competiciones o espectáculos deportivos.

En consecuencia, nada impide que las entidades deportivas (Federaciones, Ligas, clubes, SADs, etc.) pueden ser responsables civilmente. El artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que es de aplicación a los clubes deportivos, establece que “Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.

Se responderá civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente, a menos que puedan acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a ellas”.

Las personas jurídicas son responsables civilmente por los delitos que hayan cometido sus empleados o gestores en el desempeño de sus obligaciones.

El Decreto 58/2010, de 4 de mayo, que regula las entidades deportivas de Cataluña, obliga a que las actividades y competiciones que organicen o autoricen las Federaciones deportivas catalanas cuenten con un seguro de responsabilidad civil.

La responsabilidad civil en las entidades deportivas con o sin ánimo de lucro se trasladará a los dueños o directores por los daños causados por sus dependientes en el desempeño de sus funciones (artículo 1903.4 del Código Civil) El artículo 120 del Código Penal establece: “Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, las personas jurídicas por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”.

Ello no impedirá que los directivos, voluntarios o trabajadores de entidades deportivas que organizan actividades o gestionan instalaciones que causen, por su negligencia, daños a terceros, puedan soportar acciones de repetición de las entidades a las que pertenecen que hayan abonado las indemnizaciones a los perjudicados.

Cuando el organizador del evento o el propietario de la instalación deportiva sea una Administración Pública, la Constitución Española, en su artículo 106.2, prevé que deba indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Así lo confirma la propia Ley 30/1992, 26 noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 139.1.

También se han pronunciado los tribunales sobre la responsabilidad civil de los espectadores que acuden a un evento deportivo. En este sentido, el Juzgado de lo Penal nº 17 de Barcelona condenó a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 42 millones de las antiguas pesetas a un espectador que lanzó una bengala en el Estadio de Sarriá y alcanzó a un niño de 13 años que falleció.

En los eventos deportivos es habitual contar con la colaboración de voluntarios. Al respecto, la Ley 6/1996, de 15 enero, del Voluntariado establece en el artículo 10 que las organizaciones responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus programas.

Los organizadores responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios.

Por último, señalar que los técnicos deportivos tienen unos riesgos implícitos a su actividad derivados de los contenidos que imparten, el material utilizado, su técnica de enseñanza o entrenamiento, la adecuación del nivel de intensidad de la actividad a las características de los alumnos, la posesión de la titulación exigida, etc. Y, por lo tanto, van a ser responsables de los daños que sufran los alumnos o deportistas a su cargo y de los daños causados a terceros por las personas o cosas que estén a su cargo.

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1984, condenó a un entrenador a indemnizar a los padres de un niño que murió ahogado practicando piragüismo al volcar su piragua y carecer de salvavidas. Al entender que “un entrenador, y aún en mayor medida si lo es de adolescentes, debe concentrar al máximo las precauciones y cautelas”.

 

Las cláusulas de exoneración de la responsabilidad o de conocimiento del riesgo

Es bastante frecuente encontrar cláusulas que exoneran de responsabilidad, total o parcialmente, a los organizadores de eventos o a los propietarios de instalaciones deportivas. En ellas, el participante en el evento o el cliente o usuario de la instalación se ve obligado a renunciar anticipadamente a exigir los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar.

>Un ejemplo de estas cláusulas sería: “La organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba pueda ocasionar a sí mismo, a otras personas e incluso en el caso de que terceras personas causen daños al participante”.

Al respecto, el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece que es un derecho básico de los consumidores y usuarios la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos. Considerando abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor de los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas, en concreto las que pretendan evitar la indemnización por los daños y perjuicios sufridos y quieran excluir la responsabilidad del empresario en el cumplimiento de los contratos, por los daños, por la muerte o por las lesiones causadas al consumidor y usuario por una acción u omisión de aquél.

Las cláusulas abusivas que limiten o priven al consumidor de los derechos reconocidos son consideradas nulas.

Los Tribunales han considerado que estas cláusulas son nulas de pleno derecho, entendiéndose por no puestas, siendo válidas el resto de estipulaciones (Sentencia Tribunal Supremo 20/10/1984)

Igual consideración tienen las cláusulas de conocimiento y asunción del riesgo, tales como: “somos conocedores del riesgo implícito del ejercicio o la actividad deportiva que vamos a realizar, asumiendo los posibles daños”.

En éstos y otros supuestos, nos podemos encontrar que los Tribunales modulen la responsabilidad, apreciando concurrencia de culpas y acordando una indemnización menor. En este sentido, la sentencia de 4 de junio de 1992 del Tribunal Supremo aplica la facultad de moderación al establecer que la vigilancia del fallecido, disminuido psíquico, no sólo debía ser prestada por el socorrista de la piscina sino también por las personas que lo acompañaban.

Recomendaciones

• Tener la máxima diligencia (cuidado, atención, perseverancia y reflexión necesaria según las circunstancias concretas: características del evento o instalación deportiva, personas participantes, aptitud física para participar en el evento, etc.)

• Suscribir los contratos de seguro de responsabilidad civil necesarios, tanto a nivel profesional, como del concreto evento, instalación o entidad deportiva.

• Comprobar que en las cláusulas generales o específicas del contrato no se excluyan actividades o circunstancias que nos dejarían fuera de la cobertura.

Es conveniente comprobar que en las cláusulas generales o específicas del contrato no se excluyan actividades o circunstancias que nos dejarían fuera de la cobertura.

• Asegurarse que la cuantía límite de indemnización por siniestro o persona sea coherente a las sentencias existentes (en la actualidad la indemnización más elevada ha sido de un millón de euros)

• Tener en cuenta que el artículo 636 del Código Penal establece que: “Los que realizaren actividades careciendo de los seguros obligatorios de responsabilidad civil que se exigieran legalmente para el ejercicio de aquéllas serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.”

 

 

Equipo de Redacción IESPORT

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